Discriminación en los medios de comunicación 

Los medios de comunicación se han convertido en los principales difusores del racismo y la discriminación racial en Colombia. Esto ocurre desde el siglo XIX y en la actualidad no ha cambiado la situación. En los periódicos nacionales y canales de televisión (privados y públicos) con frecuencia se usa un lenguaje ofensivo y humillante al momento de nombrar y/o caracterizar a la gente afrocolombiana, hecho que fortalece la discriminación racial a través del lenguaje. De allí que sea normal que los(as) colombianos(as), comenzando por los(as) niños(as), reproduzcan el léxico racista de los comerciales de televisión, las telenovelas y los artículos de prensa.

A los(as) afrocolombianos(as) se les dice morochos(as), negritos(as), niches, negros(as), etc., en los medios de comunicación. Estos, en especial los canales privados de televisión, rara vez contratan afrocolombianos(as) y cuando lo hacen tienden a mostrarlos(as) como personas destinadas a trabajar en la servidumbre, simplemente por el hecho de ser personas afro - lo cual alimenta la discriminación racial, precisamente ligada a estereotipos racistas. Tales estereotipos también se presentan en el uso del adjetivo “negro” para referirse a lo malo, sucio, ilegal o feo, algo que históricamente ha generado rechazo hacia el color negro y la gente negra.

RECOMENDACIONES CONCRETAS

1) Cuestionar los estereotipos que el sentido común establece en relación con la desigualdad

y las diferencias haciendo visible que las imágenes binarias, construidas a partir de rasgos

asignados a mujeres y varones como características constantes, atemporales y ahistóricas de

“lo femenino” y “lo masculino”, se basan en procesos ideológicos. Esta tipología es la que

habilita la burla y el desprecio hacia prácticas que no responden a los parámetros de

“normalidad” (hombre blanco, heterosexual, de clase media). Esto alude no sólo a las imágenes

de géneros sino también a situaciones que involucran lo etario, lo étnico, lo familiar o los roles

laborales. En la medida en que los estereotipos son usados para afirmar la aparente

“regularidad” de una situación, hay que tener presente que limitan a los sujetos a un espectro

restringido de actuaciones o acciones o profesiones que luego se naturalizan como “lo real”.

Por ejemplo cuando se restringe las prácticas de colectivos identitarios trans al espectáculo o la

prostitución. Se plantean situaciones similares en los estereotipos del gay peluquero o

decorador, la lesbiana deportista, el o la afrodescendiente bailarín/a.

2) Evitar los abordajes que plantean “las dos campanas del problema” y ponen en

igualdad de posición los prejuicios y enunciados discriminatorios con los no

discriminatorios. Este tipo de tratamiento periodístico desconoce que no se pueden

considerar las aseveraciones a favor de la discriminación y exclusión del género y la diversidad

sexual y los enunciados antidiscriminatorios como argumentos igualmente válidos y atendibles

para la deliberación de una opinión pública democrática. Es frecuente que, como justificación

de este enfoque, se recurra a la famosa teoría de “las dos campanas” o al imperativo de la

búsqueda de una cobertura mediática lo más “objetiva” o “ecuánime” posible. Los problemas de

este tipo de exposición se vuelven evidentes si aplicamos la misma lógica a casos que el

sentido común en Argentina prioriza, como el repudio a toda forma de exterminio, aunque el

rechazo de argumentos que justifican el racismo no le impida legitimar, por reclamo u omisión,

el control y la represión. En el mismo sentido, se deben enmarcar los debates con la Iglesia

Católica (por ejemplo, en relación con el aborto) en el plano político ya que esta institución

debe ser considerada como un agente de lobby e intervención en este campo. Los abordajes

sobre temas discriminatorios se deben contextualizar siempre en los debates sobre el acceso a

derechos humanos y no presentarlos como meros "intercambios de opiniones". Tanto la

supuesta objetividad como la teoría de las dos campanas sostienen y legitiman,

ideológicamente, la desigualdad de clase, la criminalización y la represión de los individuos y

colectivos involucrados.

3) No desconocer ni descuidar aspectos sociales, culturales y políticos más amplios en

la cobertura de las historias personales, para evitar las presentaciones naturalizadas de

las identidades de géneros y las orientaciones y prácticas sexuales no normativas. Estas

naturalizaciones no sólo invisibilizan sino que impiden la discusión colectiva sobre las

condiciones en las que estas identidades se producen (por ejemplo, condiciones de pobreza,

explotación, persecución, exclusión social, étnica, de género etc.). Sugerimos evitar

caracterizaciones y “perfiles” que impliquen una naturalización del prejuicio, la burla y/o el

insulto, o la exposición de los conflictos por géneros u orientaciones y prácticas sexuales no

normativas como nota de color o pintoresquismo.

4) Tratar como prácticas discriminatorias los gestos, epítetos o comentarios burlescos o

injuriosos producidos por miembros de la industria del espectáculo, el deporte o por

celebridades públicas que suelen justificar sus enunciados excluyentes al considerarlos

dentro de sus “contextos particulares”. Se debe recordar que parte de la responsabilidad

periodística es contextualizar las prácticas discriminatorias aunque gocen de popularidad o

aceptación por las situaciones en las que son producidas y consideradas como “excepcionales”

o incluso “triviales” cuando constituyen acciones que deben discutirse en el marco político de

sus efectos ideológicos.

5) Considerar las designaciones discriminatorias como tales, señalarlas críticamente

contra el carácter extendido y naturalizado de su uso cotidiano. Es necesario recordar que

tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires no admiten la figura de

“delito de autor”, es decir, imputaciones basadas en el color de piel, la edad, el género o la

condición social, conocidas como “portación de cara”.

6) Consultar con los movimientos antidiscriminatorios y antirrepresivos o con los

colectivos involucrados cuando se informa sobre historias, experiencias o situaciones

relacionadas con personas pertenecientes a esos colectivos. La inclusión de estas voces

no sólo colabora con la riqueza y la complejidad de la información (es habitual que en el

periodismo contemporáneo se consideren como “expertos” a los activistas de los distintos

movimientos políticos) sino que permite situar la creciente supremacía que tienen los agentes

de gobierno (ministerios, secretarías de estado, etc.), empresas y corporaciones en la

producción de opinión pública, como legitimación de modos de autoridad y hegemonía.